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A raíz del Anteproyecto de Constitución
Librado Linares García
18 de julio de 2018
Una Constitución debe ser la sombrilla donde puedan cobijare todos los ciudadanos de un país y en consecuencia no puede ser confesional, o sea, adscribirse a una ideología o sistema cerrado. ¿Por qué entonces reafirmar el “carácter socialista” en la misma? Este axioma supone que los que no lo son, les queda: ostracismo político, ponerse de rodillas o luchar cívicamente por corregir esa aberración.
 

Prácticamente el nuevo texto constitucional ha sido escrito de puño y letra por el General de Ejército Raúl Castro y los jerarcas comunistas más sobresalientes, eso es: primero, el Grupo de Trabajo presidido por este elaboró las bases legislativas con vista a las reformas de la Constitución, la cuales fueron posteriormente aprobadas por el máximo órgano de dirección del partido el 29 de junio del 2014. Después de un largo recorrido de correcciones (mínimas) y aprobaciones por el Buró Político y el pleno del Comité Central, fue que el llamado Parlamento cubano, casi cuatro años después, aprobó el 2 de junio del presente año iniciar el proceso de reformas. Para tal fin se creó una Comisión, presidida por el mismo Raúl Castro como garante de la continuidad del régimen, de 33 diputados para elaborar un Anteproyecto.

En otras palabras, el documento resultante será presentado para su discusión y aprobación los días 21, 22 y 23, como el último coche del tren, al “órgano supremo del Estado y único con potestad constituyente y legislativa”: La Asamblea Nacional del Poder Popular. Es de suponer que solamente en tres días, con la ausencia de un bagaje constitucionalista de sus miembros y sin poder real para dejar su huella en lo que debe ser la Ley Suprema, este Anteproyecto será sin dudas, grosso modo, la futura “Carta Magna”. Por otro lado, es sabido por todos, de la naturaleza de las llamadas consultas populares en nuestra sufrida patria: un mecanicismo instrumental.

El General de Ejército expresó en la Primera Conferencia Nacional del Partido: “dejar atrás la vieja mentalidad y forjar con intencionalidad transformadora”, lo cual sirve formalmente de fundamento para esta nueva Ley de Leyes. Pero cómo puede conjugarse lo anterior con la doctrina del marxismo-leninismo, quien es la ideología del poder totalitario. En otras palabras, no se puede aspirar a la cuadratura del círculo. Todavía si asumieran los postulados de Antonio Gramsci, tendrían un trillo donde salvar su honra.

Una Constitución debe ser la sombrilla donde puedan cobijare todos los ciudadanos de un país y en consecuencia no puede ser confesional, osea, adscribirse a una ideología o sistema cerrado. ¿Por qué entonces reafirmar el “carácter socialista” en la misma? Este axioma supone que los que no lo son, les queda: ostracismo político, ponerse de rodillas o luchar cívicamente por corregir esa aberración. En verdad, el referido apotegma está dirigido a dividir al país en victimarios y víctimas. Igual tiene que ser desterrado de una futura constitución la existencia de un único partido, que por demás “tiene un papel rector, así como de fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”. Primero, estos militantes comunistas no son elegidos por la ciudadanía para tan alto desempeño, o lo que es lo mismo, carecen de legitimidad; y segundo, esa auto-asignación supone creerse moral y políticamente superior al resto de la sociedad.

En el Anteproyecto de marras, entre otras cuestiones, se define al Estado cubano como: “fundado en el trabajo, la dignidad y la ética de sus ciudadanos”, así como que tiene como uno de sus objetivos esenciales “el disfrute de la libertad política”. Para imprimirle sustancia a lo anterior debe producirse una reconversión sustancial del sistema socialista vigente, de modo que desde las nuevas leyes complementarias, que emanarán como resultado del nuevo texto constitucional, haya una orientación pro-reformas estructurales de mercado que mejoren sustancialmente el marco de incentivo, la productividad del trabajo y la competitividad de la economía, lo cual es consustancial con la laboriosidad, el emprendimiento y el adecentamiento del marco empresarial. Con bajísimos salarios, corrupción rampante y desidia gerencial no se puede aspirar a lo anterior. La Planificación Central, la Empresa Estatal Socialista y las granjas cuasi estatales tienen que ser sustituidas por la iniciativa privada y su concomitante marco legal.

Además, el respeto de la dignidad de las personas y el fomento de la ética están en las antípodas del igualitarismo enmascarado de justicia social que padecemos, así como los derechos individuales, consagrados en la Declaración Universal y los pactos de la ONU, deben ser incluidos en la parte dogmática de la nueva Carta Magna, si se quiere hablar de libertad política, lo otro es oscurantismo político. Como corolario de lo anterior debe abrirse el diapasón en la Ley de Asociaciones y con ello permitir la eclosión de una sociedad civil autónoma.

Si del “imperio de la Ley se trata, en la actuación de los órganos del Estado sus directivos y el pueblo”, hay que dejar atrás lo que ha sido una práctica incuestionable: la discrecionalidad con que ha actuado la dirigencia castrista a todos los niveles por casi 60 años. Sería el primer sorprendido si se lograra este bien inmaterial de primer orden. Ojalá que esta Ley de Leyes sea un tanto mejor que la anterior y no papel mojado, así como se respeten los contratos.

En cuanto “al debido proceso y los derechos esenciales en materia de justicia” tendrían que mejorar sustancialmente. Eso es, refrendar en el texto constitucional la independencia y la imparcialidad de la administración de justicia, que pasa por la eliminación de los incisos h y ch del artículo 90 de la Constitución actual, donde queda claro la subordinación de ésta. También la eliminación de la Figura: Peligrosidad Social Predelictiva, donde la presunción de inocencia se pasa por alto; refrendar y crear un mecanismo de seguimiento para castigar a los funcionarios de prisiones y de la policía cuando cometen tratos crueles inhumanos y degradantes; supresión de la Ley 88 y modificar lo necesario del Código Penal para eliminar la criminalización del ejercicio de la libertades básicas; desmontar los Bufetes Colectivos y en consecuencia des tutelar a los abogados, así como mejorar lo referente de la igualdad de las partes; revitalizar el Habeas Corpus; renovar la infraestructura y transparencia del sistema de justicia y aumentarle los salarios a sus integrantes, entre otras.

 En cuanto a la estructura del Estado, propongo lo siguiente: concebir un parlamento: plural, bicameral, independiente y con poder real para influir efectivamente en los destinos del país; adoptar un sistema semipresidencialista; crear un Tribunal Electoral Nacional y una Controlaría General, como poderes del Estado y que tengan como referencia los estándares internacionalmente reconocidos; otorgarle rango constitucional a la existencia de un subsistema de partidos políticos y establecer elecciones libres y competitivas entre ellos; a nivel municipal independizar los cargos de presidente de los Consejos de la Administración (ejecutivo) del de Presidente de la Asamblea…, entre otros. Si al menos no queda refrendado esto, seguiremos empantanados y sin proyección hacia el futuro.