(Lima, 7 de junio de 2010) Luego del levantamiento de la suspensión de Cuba en la OEA, producida hace más de un año en la Asamblea realizada en Honduras, el titular del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), Gabriel Salvia, le reclamó a los Cancilleres reunidos en Lima que también levanten la “suspensión implícita que la mayoría de los estados del hemisferio mantienen hacia los defensores de los derechos humanos en Cuba y que de esa manera hagan cumplir el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana”. 

Desde Lima, donde asistió a las reuniones de la Sociedad Civil en la Asamblea General de la OEA y participó del Foro Democrático Interamericano 2010 celebrado en el Congreso del Perú, Salvia reclamo por “el reconocimiento, apoyo y protección al movimiento cívico cubano, al igual que lo hacen varias democracias europeas” y destacó “que la muerte del preso de conciencia Orlando Zapata Tamayo evidencia que nada ha cambiado en Cuba en materia de derechos humanos”.  

Por tal motivo, para el titular de CADAL “los estados que integran la OEA no pueden ser cómplices de la dictadura cubana excluyendo de sus relaciones diplomáticas al pueblo de Cuba y en especial a sus activistas democráticos y familiares de presos políticos. Las embajadas de los países que forman parte de la OEA también tienen que aplicar allí la Carta Democrática Interamericana, pues como dice su artículo 1 ‘los pueblos de América tienen derecho a la democracia`”.

Salvia invitó al gobierno del Perú “a liderar la solidaridad democrática con el pueblo de Cuba, invitando a su Fiesta nacional del 28 de julio a los referentes del movimiento cívico cubano y a los familiares de los presos de conciencia”. Para Salvia, seguramente otros países que como el Perú tienen una destacada calidad democrática, por ejemplo Chile y Uruguay, podrían seguir su ejemplo brindando reconocimiento y apoyo solidario a los demócratas cubanos”.

Asimismo, el Presidente de CADAL criticó al Canciller de la República Argentina Jorge Taiana porque “expresamente instruye a los diplomáticos argentinos en La Habana prohibiéndoles tener contacto con la disidencia, lo cual es contradictorio con la política exterior en derechos humanos que tanto declaman y con el reconocimiento que han hecho a las ejemplares prácticas de diplomacia comprometida por parte de funcionarios de gobiernos democráticos extranjeros durante la última dictadura militar”.

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