Informe 2009 - Cuba
Amnistía Internacional
29 de mayo de 2009

Cuba


Jefe del Estado y del gobierno: Raúl Castro Ruz
Pena de muerte: retencionista
Población: 11,3 millones
Esperanza de vida: 77,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 7/6 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 99,8 por ciento

Se siguió restringiendo la libertad de expresión, asociación y reunión. Agentes de seguridad hostigaron e intimidaron a periodistas y disidentes políticos. Cuatro presos de conciencia quedaron en libertad a principios de año, pero 58 siguieron encarcelados. La población cubana continuó padeciendo los efectos negativos del embargo estadounidense, sobre todo en relación con el derecho a la alimentación.

Información general
En febrero, el Parlamento nombró a Raúl Castro presidente del Consejo de Estado, nombramiento que llevaba aparejada la jefatura del Estado y del gobierno. Cuba firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero no había prevista una fecha para su ratificación.

Cinco años después de las sanciones impuestas por la Unión Europea tras la detención y condena –en marzo de 2003– de 75 presos de conciencia, Cuba y la UE reanudaron sus relaciones de manera oficial. La UE levantó sus sanciones diplomáticas e inició un diálogo con las autoridades cubanas sobre diversas materias, entre ellas los derechos humanos.

Durante el primer semestre del año empezaron a introducirse reformas económicas en el sector agrícola. Sin embargo, los estragos causados por varios huracanes obstaculizaron las iniciativas reformistas del gobierno. Según fuentes oficiales, decenas de miles de personas se quedaron sin hogar como consecuencia de los huracanes, y el país sufrió pérdidas valoradas en casi mil millones de dólares estadounidenses en el ámbito de la producción agrícola. Por primera vez se permitió a los ciudadanos cubanos adquirir teléfonos móviles y ordenadores para uso personal, pero siguió restringido el acceso a Internet. En octubre, por decimoséptimo año consecutivo, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución, respaldada por 185 países, en la que se pedía a Estados Unidos que pusiera fin al embargo contra Cuba.

"Hubo muchos casos de periodistas, disidentes políticos y detractores del gobierno que fueron detenidos durante 24 o 48 horas para luego ser puestos en libertad sin cargos."

Efectos del embargo estadounidense
El embargo estadounidense y diversas medidas conexas continuaron repercutiendo de forma negativa en el ejercicio de los derechos humanos. Siguieron estando muy restringidas las reunificaciones familiares y la libertad de circulación entre Cuba y Estados Unidos. La aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense limitaba también la capacidad del gobierno cubano para comprar a socios comerciales de Cuba productos tales como alimentos, suministros médicos y materiales de construcción. Sin embargo, se permitió a Cuba comprar a Estados Unidos alimentos básicos por un valor de 530 millones de dólares estadounidenses, pagaderos en efectivo y por adelantado.

Libertad de expresión y asociación
Siguió restringida la libertad de expresión. Todos los medios de comunicación continuaron bajo control del Estado. Los periodistas de agencias de noticias independientes y alternativas siguieron sufriendo hostigamiento e intimidación en forma de vigilancia y breves detenciones por parte de agentes de seguridad. Continuó sin permitirse la legalización de los grupos políticos de oposición y de numerosas asociaciones civiles y profesionales. En diciembre, las autoridades cubanas detuvieron por un breve periodo a más de 30 personas, a las que impidieron celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos en La Habana.

En junio detuvieron al periodista Carlos Serpa Maceira, de la agencia de noticias Sindical Press, en su domicilio de La Habana. Lo acusaron de promover «actos provocativos y mercenarios orientados por la Sección de Intereses de los Estados Unidos de América en Cuba». Unos funcionarios le ordenaron que dejara de trabajar como periodista si no quería ser devuelto a su ciudad natal. Luego lo dejaron en libertad.
En julio, las autoridades impidieron a decenas de disidentes participar en diversos actos que se iban a celebrar en La Habana, entre ellos una reunión del grupo civil Agenda para la Transición y un acto organizado por la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba en conmemoración del Día de la Independencia estadounidense. A algunos de ellos se les impidió desplazarse a la capital, a otros se les impidió salir de su domicilio en La Habana, y unos 30 fueron detenidos por la policía y puestos en libertad unas horas después o al día siguiente.

Presos de conciencia
Al finalizar el año seguían recluidos 58 presos de conciencia, encarcelados por el simple hecho de haber expresado sus opiniones políticas. En febrero se excarceló a cuatro presos de conciencia por motivos de salud, pero se les ordenó que abandonaran el país. Se recibieron informes de actos de hostigamiento e intimidación contra presos de conciencia y presos políticos por parte tanto de guardias de prisiones como de otros reclusos.

Sistema de justicia
Se siguió utilizando el sistema judicial –en concreto, el cargo de «peligrosidad»– para hostigar a disidentes políticos opuestos al gobierno cubano. Hubo muchos casos de periodistas, disidentes políticos y detractores del gobierno que fueron detenidos durante 24 o 48 horas para luego ser puestos en libertad sin cargos.

En agosto, Gorki Águila, músico del grupo Porno Para Ricardo, fue detenido en La Habana y acusado de «peligrosidad», porque en sus letras criticaba al gobierno. El 29 de agosto, el tribunal retiró el cargo de «peligrosidad», pero declaró a Gorki Águila culpable del delito menor de desobediencia civil y lo condenó a pagar una multa.

Pena de muerte
En abril, el presidente Raúl Castro anunció que casi todas las penas de muerte se conmutarían por cadena perpetua. En 2008 no hubo ejecuciones.

En diciembre, Cuba se abstuvo por segunda vez en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

 

 

 

 
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