Informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre la situación en Cuba
Sociedad Interamericana de Prensa
6 de octubre de 2008

CUBA

El panorama de los medios de comunicación y las barreras a la libertad de expresión en Cuba no pueden desligarse en estos momentos de las dramáticas circunstancias que atraviesa el país tras el paso de los devastadores huracanes Gustav e Ike, entre el 30 de agosto y el 7 de septiembre.

Aunque el gobierno no ha terminado aún de contabilizar los daños totales causados por ambas tormentas, los estimados parciales superan los $5,000 millones de dólares, en lo que figura como la mayor catástrofe natural de los últimos 75 años. El país ha sido arrasado de oriente a occidente y los pronósticos apuntan a una prolongada recuperación, con colosales retos materiales y humanos por delante. En cuanto a los daños específicos del sector periodístico, los huracanes  interrumpieron las comunicaciones en un tercio del territorio nacional por la caída de árboles y postes telefónicos, y derrumbaron o dañaron unas 20 torres radioeléctricas de transmisión, desactivando la programación radial y la señal de televisión en numerosas zonas del centro y oriente de la isla.

Al menos una docena de periodistas independientes y sus familias se reportan entre los damnificados.

La situación de crisis comienza también a derivar en medidas coercitivas para las libertades de expresión y de movimiento en el país, condicionadas por el estado de crispación que se manifiesta en las esferas gubernamentales. La Fiscalía General de la República ha declarado que aplicará "mano dura" para sancionar las manifestaciones de robo, corrupción, especulación de precios y desvío de recursos estatales, pero el alcance de la prevención gubernamental comprende también la activa vigilancia en los barrios de cada pueblo y comunidad, bajo la tutela de los llamados Comités de Defensa de la Revolución (CDR). La dirección de los CDR ha llamado a cada uno de sus miembros a "convertirse en celoso guardián de la legalidad" y a combatir "toda conducta que dañe el prestigio de la revolución", lo que de hecho le asigna a esta organización masiva un rol de punta de lanza dentro del plan emergente de recuperación nacional.

Pocos días después del paso de los huracanes, fuerzas policiales advirtieron a varios periodistas independientes que les serían confiscadas las cámaras y equipos de filmación a quienes fueran sorprendidos registrando imágenes y testimonios en las zonas devastadas.

Las autoridades han reforzado además los controles de movilidad ciudadana que impiden la permanencia o el desplazamiento hacia Ciudad de La Habana de personas con residencia oficial en otras provincias, según lo dispuesto en el decreto-ley 217 de abril de 1997.  Significativamente, entre los ciudadanos más controlados figuran los disidentes y los periodistas independientes del interior que intentan trasladarse a la capital cubana.  Las disposiciones migratorias hacia Ciudad de La Habana no sólo prohíben el asentamiento sin autorización en la urbe, sino también  controlan los cambios de domicilio de un municipio habanero a otro.

El 16 de septiembre, la policía interceptó y ocupó equipos electrónicos al fotorreportero independiente Vladimir Calderón Frías, quien se dirigía de La Habana a Pinar del Río. El automóvil fue interceptado en un punto de control policial donde le ocuparon memorias digitales y otros accesorios fotográficos. Los agentes argumentaron que sólo estaban autorizados a ingresar en los pueblos afectados por el huracán Gustav la prensa oficial cubana y los corresponsales extranjeros acreditados en Cuba. A su regreso a La Habana, los custodios del punto de control le devolvieron los equipos fotográficos retenidos.

La despiadada embestida de la naturaleza añade nuevos ingredientes de incertidumbre al mapa del periodismo cubano bajo el gobierno de Raúl Castro, que mantiene intacto el mecanismo totalitario respecto al uso de la información pública, la represión contra la prensa independiente y la renuencia a liberar a los periodistas presos.

Las expectativas de cambio generadas por la sucesión de poder -oficialmente confirmada el 24 de febrero- han quedado congeladas en medio de la parálisis de las estructuras de gobierno, el limitado alcance transformador de las medidas implementadas y la creciente intervención de Fidel Castro en las decisiones fundamentales del país, a pesar de su anunciado retiro por razones de enfermedad.  A medida que avanzan los meses ha quedado en evidencia que el acuerdo del Consejo de Estado para  someter a su consulta todos los pasos de significado estratégico y la política exterior, no fue una mera lisonja con el ex gobernante enfermo, sino un acción consustancial con los planes de  prolongar su liderazgo como "soldado de las ideas".

Las orientaciones y propuestas contenidas en los artículos ("reflexiones") publicados por Fidel Castro durante la crisis de los ciclones, en agosto y septiembre, jugaron y siguen jugando un papel de conducción política mucho más visible y decisivo que la presencia de Raúl Castro, desaparecido de los escenarios públicos en los primeros 17 días que siguieron a los desastres causados por ambos huracanes. Las "reflexiones" del ex mandatario son reproducidas con gran destaque en las publicaciones oficiales, y leídas en los principales espacios de radio y televisión del país.

Desde el pasado marzo, la cifra de periodistas presos aumentó a 26 tras la condena de Yordis García Fournier, director del boletín independiente Porvenir, a un año de cárcel. García Fournier, residente en la provincia de Guantánamo, fue arrestado y condenado en un juicio sumario el 3 de septiembre, bajo acusaciones de resistencia y desobediencia.

Los años de prisión de los periodistas presos en Cuba suman en total 408. Las condiciones del confinamiento son cruentas e inhumanas, con deficiente alimentación, pésima higiene, limitada atención médica, y maltratos físicos y emocionales a los prisioneros.

El periodista Juan Carlos Herrera Acosta, condenado a 20 años, ha realizado varias protestas y ayunos para manifestar su desacuerdo con las represalias que enfrenta por parte de los carceleros de la prisión provincial de Holguín.  En julio se cosió la boca durante una huelga de hambre que las autorizades del penal le forzaron a concluir. En septiembre realizó otro ayuno para protestar por la reducción de visitas familiares, las condiciones de hacinamiento en su celda y la negativa de acceso a asistencia religiosa.

Entre el 19 y el 23 de septiembre,  los periodistas Pedro Argüelles Morán, sentenciado a 20 años, y  Adolfo Fernández Saínz (15 años) realizaron una huelga de hambre para demandar la devolución de publicaciones de contenido religioso que les fueron retenidas por las autoridades de la prisión de Canaleta, Ciego de Avila.  La protesta concluyó luego de que las publicaciones les fueron devueltas.

El gobierno permanece inmutable a los reclamos internacionales y las peticiones familiares para conceder una licencia extrapenal humanitaria a una docena de periodistas de la llamada Causa de los 75, en consideración a su precario estado de salud y la avanzada edad de algunos de ellos. 

Entre los casos más preocupantes se encuentran:

 - Normando Hernández, condenado a 25 años, trasladado el 2 de junio a la prisión provincial Kilo 7, en Camagüey, luego de un prolongado ingreso en la sala penal del Hospital Militar "Carlos J. Finlay" de La Habana. Padece del síndrome de malabsorción intestinal, pólipos vesiculares e hipertensión arterial. Se halla actualmente en una pequeña celda de la enfermería del penal, pero el régimen de alimentación no es el más apropiado para sus dolencias.  Está además bajo tratamiento siquiátrico, sometido a fuertes sedantes. El gobierno cubano se ha negado a considerar su salida mediante una visa humanitaria otorgada por el gobierno de Costa Rica en abril del 2007, además de que desde el 2001 tiene visado estadounidense para emigrar con su esposa.

 - Doctor José Luis García Paneque, condenado a 24 años, confinado en la prisión de Las Mangas, en la provincia Granma. Sufre de anemia y malnutrición como resultado de padecer el síndrome de malabsorción intestinal. Se le diagnosticó además un quiste de riñón y tiene serias afectaciones nerviosas. Su esposa y cuatro hijos menores emigraron a Estados Unidos a comienzos del 2007, en medio del hostigamiento constante de las autoridades y las turbas progubernamentales, que los calificaban de "terroristas" al servicio de Estados Unidos.

 - Doctor Alfredo Pulido López, condenado a 14 años, en la prisión de Kilo 7, en Camagüey. Dio positivo en una prueba de tuberculosis el pasado año; padece trastornos cardiovasculares, hemorroides y gastritis aguda.

 - Pedro Argüelles Morán, condenado a 20 años, padece de cataratas avanzadas en ambos ojos y ha perdido casi completamente la visión.

 - Juan Carlos Herrera Acosta, condenado a 20 años. Padece de cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, artrosis cervical, asma y trastornos hepáticos y nerviosos. Tras el fallecimiento de su ex esposa y dos hijas menores en un accidente automovilístico el pasado marzo, su estado síquico ha empeorado considerablemente.

 - Ricardo González Alfonso, condenado a 20 años, intervenido quirúrgicamente en cuatro ocasiones (vesícula y fístula) desde enero del 2005.  Padece de artritis cervical, alergia, hipertensión arterial, y trastornos digestivos y circulatorios. Sus familiares denunciaron el 16 de septiembre que ha contraído una bronquitis y que permanece en un calabozo húmedo de la prisión Combinado del Este, en La Habana, sin recibir el tratamiento médico requerido. El calabozo tiene filtraciones y se inunda con frecuencia.

 - Un minusválido se halla entre los periodistas presos: Miguel Galván Gutiérrez, ingeniero de profesión, sentenciado a 26 años.

Para los más de 60 periodistas independientes que se mantienen en activo a lo largo del país, el hostigamiento y la represión policiales son rutinas cada vez más cotidianas. El movimiento atraviesa por una etapa de revitalización con la entrada de nuevas figuras, mayormente jóvenes de notable talento profesional. 

Desde abril a la fecha se han documentado al menos 71 acciones represivas contra el ejercicio periodístico independiente dentro de Cuba, incluyendo intimidaciones, multas, decomisos, deportaciones a su provincia de origen, arrestos temporales, interrupciones telefónicas, y violaciones de la correspondencia postal y electrónica. Numerosas detenciones han ocurrido en las cercanías de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, donde periodistas que comparecen a obtener información y usar la internet, son arrestados temporalmente acusándoseles de "actos provocativos y mercenarios" al servicio de una potencia extranjera.

Pero no son solamente los periodistas desvinculados de las estructuras estatales los que movilizan la reacción gubernamental; ahora también están bajo la mira los blogueros independientes, que ofrecen una visión crítica de la realidad nacional y que son obstaculizados por las autoridades para acceder y actualizar sus páginas digitales dentro de Cuba.  Una docena de bitácoras independientes -muchas de ellas realizadas con seudónimos- conviven en admirable esfuerzo con unos 200 blogs adscritos a publicaciones oficialistas.

Incluso el jefe del Departamento de Cultura del Partido Comunista, Eliades Acosta,  ha declarado que el acceso a las nuevas tecnologías de telecomunicación es un factor esencial de la  "guerra cultural", que incluye el uso de blogs para atacar las posiciones de Cuba.  La declaración apunta principalmente a las más de 600 bitácoras de temática cubana que se realizan desde el exterior.

El 27 de septiembre, se celebró en La Habana un primer encuentro de "blogueros por cuenta propia", con la asistencia de un reducido grupo de autores de bitácoras digitales, especialistas en periodismo digital y promotores de esta experiencia dentro de Cuba. Aunque el evento se presentó como una iniciativa no gubernamental, contó con la colaboración de instituciones estatales y se desarrolló en el Palacio de Computación y Electrónica, sin la participación de la bloguera cubana de mayor reconocimiento internacional, la filóloga Yoani Sánchez.

A Sánchez, de 33 años, corresponde el más visitado de los blogs producidos en la isla,  Generación Y, cuyas entradas (posts) reciben miles de comentarios procedentes de todo el mundo.  Ella ganó en mayo el Premio Ortega y Gasset 2008 en la categoría de Periodismo Digital, pero el gobierno cubano le negó el permiso de salida para asistir a la ceremonia de premiación en Madrid.  El silencio oficial sobre su caso fue roto por el propio Fidel Castro, quien en un reciente libro de memorias (Fidel, Bolivia y algo más) arremetió contra Sánchez acusándola de "agente al servicio del imperialismo", y culpó a los corresponsales de la prensa extranjera, particularmente a la agencia mexicana Notimex, de prestarse para  "realizar labor de zapa".

El permiso de salida le fue negado a Sánchez por segunda vez el 22 de septiembre, convirtiéndola en una "bloguera cautiva" en la isla. 

También otros medios informativos y producciones audiovisuales con relativa autonomía del escrutinio gubernamental se han visto acorralados por los tentáculos de la censura oficialista.

Son frecuentes las quejas de redactores y colaboradores de revistas y boletines de contenido religioso y sociocultural, auspiciados por la Iglesia Católica y organismos internacionales independientes, sobre las veladas amenazas y la intromisión de funcionarios partidistas en la política editorial de estas publicaciones, que han abierto sus páginas a discutir temas históricos o actuales obviados por la prensa oficial, y han llegado a ofrecer sus espacios de debate a pensadores y creadores exiliados que son vetados por el oficialismo.

Al mismo tiempo, las autoridades culturales tratan de mantener bajo supervisión y control producciones audiovisuales de realizadores independientes,  un movimiento que emergió desde mediados de los años 90 como resultado del abaratamiento y proliferación de la tecnología digital. Las nuevas oleadas de documentalistas han aprovechado la democratización tecnológica para testimoniar zonas y conflictos de la realidad nacional que no figuras en las producciones con patrocinio estatal.  Los documentales abordan asuntos como el resurgimiento de barrios marginales, la discriminación racial, la crisis de la vivienda, el alza de la criminalidad, el recrudecimiento de la violencia policial, la existencia de los "buzos" y "tanqueros" (personas que sobreviven escarbando basureros), la prostitución infantil, etc.  De acuerdo con las declaraciones de jóvenes realizadores que han decidido abandonar el país para explorar posibilidades creativas en el extranjero, cada vez se refuerza más la vigilancia sobre los proyectos de las instituciones docentes y se limitan los permisos gubernamentales para filmar en escenarios públicos; incluso algunos documentalistas han sido detenidos por la policía durante los rodajes y les han  incautado el material filmado.

Aunque el gubernamental Instituto de Cine (ICAIC) organiza un  festival anual en La Habana con estas producciones, muchas obras son previamente excluidas de la exhibición por presuntas "limitaciones artísticas".  Las obras no se programan en los circuitos comerciales ni se exhiben en la televisión estatal, lo que constituye una forma de restringir su impacto en el público cubano.

El 1ro. de abril, el gobierno de Raúl Castro autorizó la venta de teléfonos celulares y computadoras a los ciudadanos nacionales. Aunque los precios de los equipos y los servicios de telefonía celular son prácticamente inaccesibles en pesos cubanos (el salario promedio en Cuba es de 408 pesos cubanos al mes, unos 17 dólares), la alternativa de adquisición abre a mediano plazo un mercado de telecomunicación mucho más amplio y prometedor para el ejercicio de las libertades individuales. Hasta el momento, las opciones de un ciudadano nacional para obtener un teléfono celular o una computadora se producían por designaciones de organismos estatales o a través de un extranjero. La explosión de la telefonía celular de los meses recientes ha incrementado el número de líneas  de este servicio, que el pasado año eran apenas unas 164,000. Según estimados  oficiales, un total de 32,000 quedaron afectadas tras el paso de los huracanes.

El 20 de mayo, el presidente George W. Bush autorizó el envío de celulares a Cuba e informó que cambiaría las regulaciones vigentes para permitir que  los teléfonos puedan comprarse y abornar la cuenta desde Estados Unidos. La Habana no ha reaccionado acerca de esta medida, aunque la empresa estatal ETECSA exige que los usuarios de telefonía celular deben registrarse allí.

El 9 de junio, la prensa oficial anunció los pormenores de un proyecto conjunto entre Cuba y Venezuela para  la instalación de un cable de fibra óptica submarino que estará listo en el 2010 y permitirá conectar a ambos países. El proyecto permitiría una conexión de alta calidad a la internet desde Cuba.
 
El acceso a la internet continúa restringido para la población, y sólo organismos estatales, instituciones educacionales y extranjeros que abonan el servicio en moneda convertible pueden establecer conexiones con la red.  En la mayoría de los centros laborales y estudiantiles conectados a la red son inaccesibles los servidores Yahoo y MSN de Hotmail.  Las autoridades del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones han priorizado el uso general de la "intranet", que sólo permite el acceso a páginas de publicaciones y entidades nacionales, o a aquellas afines a la política cubana en el exterior.

Actualmente existen en Cuba 219,000 usuarios de internet y más de 900,000 de correo electrónico.  El índice de conexión a la red (1.9) figura entre los más bajos del hemisferio occidental.

El gobierno cubano culpa a Estados Unidos por impedirle el acceso a los cables internacionales de  fibra óptica que circundan la isla, uno de ellos el que enlaza a Cancún (México) con Miami y pasa sólo a 32 kilómetros de La Habana.  Cuba argumenta que las limitaciones impuestas por Washington limitan su capacidad de conexión y la obligan a usar un satélite, con un servicio de menor rapidez y eficiencia.

A comienzos de julio, Estados Unidos retó a Cuba a abrir el acceso a la internet para todo la población y afirmó que Washington no se opondría a que la isla se conecte a la red a través de una empresa extranjera.

Las amenazas gubernamentales y el ajuste de los instrumentos represivos para acallar las manifestaciones independientes marcaron la constitución de la Comisión de Relaciones Internacionales de la VII Legislatura del parlamento cubano, el 26 de mayo. Fue precisamente el periodista y diputado Lázaro Barredo, director del diario oficial Granma, quien propuso la revisión de la Ley 88/1999 y el Código Penal para incluir sanciones a todas las personas que reciban dinero del exterior con el fin de "subvertir el orden interno". El diputado también sugirió que sea evaluada la propuesta para extraditar a personas que presuntamente han evadido o tienen causas pendientes con la justicia cubana, entre las que mencionó al periodista exiliado Carlos Alberto Montaner.

Durante la etapa transcurrió también el VIII Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), entidad oficialista que agrupa a 3,680 afiliados. El foro sesionó entre el 3 y el 5 de julio tras un largo proceso de asambleas preparatorias. Fue un nuevo capítulo del continuismo en el  ámbito de los medios de comunicación, concebidos con una misión instrumental para la conducción política.
 
El Congreso de los periodistas cubanos recordó -mediante sus documentos y en declaraciones de la máxima jerarquía gubernamental- que "la política informativa la decide el Partido Comunista", definido por la Constitución como la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado. También se reafirmó el carácter ideológico de la prensa y destacó "el orgullo de los periodistas revolucionarios cubanos por dedicar su vida a luchar, en una coincidencia histórica irrepetible, junto a Fidel y Raúl Castro".

El cónclave comenzó con el análisis en el plenario de una carta de recomendaciones enviada por Fidel Castro, prosiguió con la proyección de un documental titulado Fidel entre nosotros y el lanzamiento del libro Fidel periodista, y concluyó con el otorgamiento del Premio Nacional de Periodismo José Martí al ex gobernante enfermo.

Además, los delegados propusieron otorgarle la condición de Miembro de Honor de la UPEC al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y presentar su candidatura para el Premio Nacional de Periodismo.

En mayo, el programa televisivo Mesa Redonda -plataforma mediática del oficialismo- y el diario Granma acusaron a los líderes opositores Martha Beatriz Roque,  Vladimiro Roca y   Jorge Luis García Pérez (Antúnez), entre otros de recibir dinero de exiliados cubanos de Miami a través de diplomáticos de Estados Unidos.

Durante varios días, el programa se dedicó a se mostrar fotos, correos electrónicos privados y grabaciones de llamadas telefónicas que, según el coronel Adalberto Barreiro (Departamento de Seguridad del Estado), eran parte de una investigación criminal. Pero las presuntas pruebas del delito fueron manejadas ante las cámaras por los periodistas Randy Alonso, Lázaro Barredo y Reinaldo Taladrid, asi como por Manuel Hevia, coronel del Ministerio del Interior (retirado),  y la diplomática Josefina Vidal.
 
Los disidentes acusados presentaron una demanda legal contra los periodistas Alonso, Barredo (ambos diputados) y Taladrid, los coroneles Barreiro y Hevia, y la funcionaria Vidal argumentando que aunque la ley vigente prescribe la ocupación y apertura en algunos casos, exige a la vez que "se guarde secreto de los asuntos ajenos al hecho que motivase el examen".

El Ministerio del Interior (MININT) se atribuye la potestad de violar la correspondencia postal y electrónica los ciudadanos, filmar sus movimientos e interceptar llamadas telefónicas sin necesidad de autorización judicial.

El 26 de agosto los demandantes denunciaron que la Fiscalía General desestimó su acción legal, a pesar de que se habían cometido flagrantes violaciones de la Constitución y el Código Penal.

El gobierno ha recrudecido los controles para el otorgamiento de visas a corresponsales extranjeros que intentan viajar a la isla para coberturas temporales. Varios reporteros europeos y latinoamericanos se han quejado en los últimos meses de no recibir respuesta a sus solicitudes de visado para ejercer el periodismo dentro de Cuba. Tanto Fidel Castro como su hermano Raúl han hecho recientes críticas a la prensa extranjera y a los despachos que emiten sobre la realidad cubana.

El 29 de septiembre, Cuba denunció que Estados Unidos negó las visas a dos corresponsales de la agencia estatal Prensa Latina, Ilsa Rodríguez Santana y Tomás Granados Jiménez, quienes debían reincorporarse a sus labores profesionales en Naciones Unidas. La decisión fue apelada por las autoridades cubanas y dos días después el Departamento de Estado procedió a otorgarle los visados a ambos reporteros, en cumplimiento del acuerdo establecido por Washington con la sede de Naciones Unidas.

Miami-La Habana, 30 de Septiembre del 2008

 

 

 

 

 
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