Informes y Resoluciones
Sociedad Interamericana de Prensa
15 de octubre de 2012
68a Asamblea General, 12 al 16 de Octubre 2012, Sao Paulo, Brasil 2012, Sao Paulo, Brasil

Cuba

La absoluta represión contra las libertades individuales, de prensa y de expresión, continuaron en este período. El gobierno utiliza los medios de comunicación como vehículos de propaganda; la censura y la desinformación son permanentes. A diferencia de otros períodos, hoy las cárceles no están repletas de periodistas. Sin embargo, se han elevado las acciones de vigilancia, control y represión; las detenciones, durante pocos días u horas, y las golpizas mediante el uso de turbas o intervención directa de la policía se han convertido en un fenómeno usual que afecta a periodistas independientes y opositores por igual.

En los últimos meses cobró relevancia la noticia de que el gobierno cubano oficia como garante de los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia.

La muerte del opositor Oswaldo Payá Sardiñas el 22 de julio, aún sin aclarar completamente, y su repercusión nacional e internacional marcan un momento de franco incremento de las acciones punitivas. En este sentido, Amnistía Internacional condenó la detención de al menos 40 opositores durante el velatorio del disidente, que relacionó con la “afianzada represión” en la isla. Unas 500 personas asistieron a la ceremonia, celebrada en la iglesia El Salvador del Mundo, en La Habana. A la salida, entre 40 y 50 fueron detenidas con violencia por la policía, que aguardaba a las puertas del templo.

Desde entonces, las críticas contra la disidencia arrecian en la prensa oficial, a lo cual va unida una ola represiva contra la prensa independiente y defensores de los derechos humanos.

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informó de 400 detenciones mensuales entre abril y julio, más de 500 en agosto y 533 en septiembre, la cifra más alta en los últimos seis meses. Por lo general, se trata de un tipo de represión de “baja intensidad”, durante horas o días, que incluye “el abandono posterior de detenidos en lugares remotos o desolados” (…) “reclusiones domiciliarias extrajudiciales bajo custodia de agentes policiales y parapoliciales y la amenaza cierta de que los detenidos en sus domicilios serían encarcelados si intentaban salir de sus hogares”, según la referida Comisión.

El fotoperiodista Gerardo Younel Ávila denunció, en un video conocido a nivel internacional, dos detenciones sufridas en mayo y junio, y los periodistas Calixto R. Martínez y Magaly Norvis Otero dan cuenta de amenazas en mayo y junio, respectivamente.

El psicólogo y periodista independiente Guillermo Fariñas fue detenido en varias oportunidades en el mes de agosto.

El 10 de septiembre los ex presos políticos Martha Beatriz Roque Cabello, de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, y Jorge Luis García Pérez (Antúnez), entre otros reconocidos disidentes, se declararon en huelga de hambre para exigir la libertad del activista Jorge Vázquez Chaviano. En total, más de 30 activistas tomaron ese curso de acción. La organización Amnistía Internacional pidió explicaciones al Gobierno cubano sobre las razones para no liberar al disidente Vázquez Chaviano, quien ya había cumplido su condena. Desde el exterior otras organizaciones e instituciones internacionales apoyaron las demandas de los huelguistas.

Aunque el gobierno decidió liberar a Vázquez Chaviano, aún no lo ha hecho efectivo. Por otra parte, el 25 de septiembre la televisión estatal presentó un documental que pretendía demostrar que la huelga de hambre había sido sólo una simulación, convertida en “show mediático” y “campaña” dirigida desde Miami en complicidad con la prensa internacional. La prensa oficial denunció a los disidentes y a la bloguera Yoani Sánchez como “contrarrevolucionarios”.

El 11 de septiembre dos agentes de la policía política arrestaron a la periodista independiente Leannes Imbert. El 13 de septiembre el columnista y reportero de Cubanet, Alberto Méndez Castelló, fue arrestado por “desorden público” y encarcelado en la Unidad de Instrucciones de Las Tunas donde durante dos días.

El centro independiente Hablemos Press ha iniciado una campaña en Facebook y Twitter para exigir la liberación de su reportero Calixto Ramón Martínez Arias, encarcelado el 16 de septiembre y que podría ser sentenciado hasta tres años de prisión. Su director, Roberto de Jesús Guerra, denunció el 20 de septiembre que las autoridades cubanas acusarían de desacato al periodista, quien destapó un reciente brote de dengue y reportó sobre la situación del cólera en el oriente cubano.

La agencia reclamó la solidaridad de los medios de prensa y la comunidad internacional. Martínez fue arrestado cuando investigaba sobre un cargamento de medicinas y equipos médicos, donados por la Organización Mundial de la Salud, que se habría echado a perder en los almacenes del aeropuerto internacional José Martí en La Habana.

El prestigio de los blogueros independientes, dentro y fuera de la isla, sigue creciendo. Ellos han demostrado ser una fuente confiable de información al abordar temas de interés social como las epidemias de cólera y dengue, cuyos brotes se dieron a conocer desde julio, y sobre los cuales el gobierno mantiene un control estricto de la información. Lo mismo sucedió durante el apagón nacional del 9 de septiembre, dado a conocer por primera vez a través de medios independientes.

Sigue sin mejorar la situación de las agencias de prensa, sometidas a la vigilancia y represalias del gobierno y, en consecuencia, obligadas a la autocensura. El 28 de septiembre fueron detenidos cuatro periodistas italianos que investigaban en Camagüey un homicidio de una pareja de ancianos en Italia en el que están involucrados jóvenes cubanos. La policía irrumpió en el lugar donde hacían las entrevistas, requisaron el material fotográfico y audiovisual, y los detuvo. Al día siguiente fueron liberados y luego deportados por las autoridades, alegando que ninguno poseía permiso para realizar labores periodísticas.

Se mantiene inalterable el propósito de limitar o impedir el acceso de la población a canales alternativos de información. La prensa independiente refleja las quejas de la población de que no se ha beneficiado del servicio del cable submarino de fibra óptica instalado entre Venezuela y Cuba.

A propósito de internet, un informe publicado en septiembre de la organización Freedom House colocó a Cuba, junto a Irán y China, entre los países con puntuaciones más bajas en cuanto a libertad en la red en el período de enero del 2011 y mayo del 2012.

En junio blogueros independientes celebraron un foro (Festival Clic), sobre el uso de Internet. La iniciativa, realizada en La Habana, fue tachada de “provocación” y “engendro subversivo” por medios oficiales.

La bloguera Yoani Sánchez, y los periodistas independientes Reinaldo Escobar, su esposo, y Agustín López, fueron detenidos el 4 de octubre temporalmente cuando intentaban llegar a la ciudad de Bayamo, capital de la provincia Granma, para asistir al juicio celebrado allí contra el español Ángel Carromero, acusado de "homicidio imprudente" por la muerte de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero en un accidente de tráfico ocurrido el 22 de julio pasado. Durante un violento forcejeo con tres mujeres policías que intentaron hacerle un “chequeo corporal”, Sánchez perdió un diente, dijo a El Nuevo Herald, Reinado Escobar, esposo de l bloguera. Fueron liberados 30 horas más tarde.

Grupos mayoritariamente jóvenes prosiguen sus reflexiones sobre la realidad nacional y formulan críticas al sistema y gobierno cubanos. El gobierno ha desplegado esfuerzos por sabotear estos proyectos, sobre todo en el caso de Estado de SATS, un foro independiente de análisis y debate sobre la realidad nacional. La Seguridad del Estado realizó en agosto y septiembre varios operativos alrededor de su sede con la participación de efectivos policiales a fin de impedir la asistencia del público. Muchas personas fueron detenidas y a otras se les impidió llegar al lugar.

En abril el Comité de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, pidió en Ginebra cuentas a Cuba por 2,400 detenciones en 2012, entre ellas contra opositores, periodistas y blogueros independientes. El informe sostuvo que “Cuba ocupa uno de los primeros lugares, a escala mundial, por la cantidad de presos (625) por cada 100,000 habitantes”.

En mayo el Departamento de Estado de EEUU envió al Congreso su informe anual sobre el estado de derechos humanos en el mundo. Al referirse a la situación en la isla, el informe señala que la mayoría de violaciones de los derechos humanos son “actos oficiales” ordenados por el gobierno, lo que favorece un clima de impunidad en el país y de “represión sistémica de las libertades”. En el 2011, precisa, hubo un “aumento significativo del número de detenciones a corto plazo”.

En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Cuba, Venezuela, Honduras y Colombia, en el llamado Capítulo IV de su informe anual, dedicado a aquellos países donde existen situaciones que afectan “seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales”. La CIDH ha señalado en su informe que en Cuba las “restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento (...) no ha variado”, en comparación con al año anterior.

El contratista Allan Gross, de 62 años, cumple una pena de 15, tras ser acusado de cometer “delitos contra la Seguridad del Estado” al entregar equipos de comunicación a personas consideradas opositores. Gross, quien cumple su condena en un hospital militar, ha perdido 47 kilos, padece artritis crónica y depresión. El 25 de septiembre un grupo bipartidista de 44 senadores estadounidenses pidió su liberación por razones humanitarias, y estimó que su encarcelamiento era un “gran obstáculo” para el mejoramiento de las relaciones entre Cuba y EEUU. El 2 de octubre su abogado en EEUU denunció que podría tener cáncer y no estaba recibiendo el tratamiento adecuado.

 

 

 

 
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