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Testimonio de mi arresto arbitrario, las amenazas recibidas y la violencia física sufrida
Sol García Basulto
6 de noviembre de 2016
Pido la atención sobre mi caso, por las graves consecuencias penales que puede acarrearme y las limitaciones al ejercicio de mi trabajo periodístico.

El 21 de octubre el Centro Latinoamericano de Periodismo me invitó a participar en un taller de periodismo de investigación en Panamá, entre el 20 de noviembre y el 17 de diciembre de 2016, junto a otros cuatro periodistas cubanos. La cita para solicitud de visa de turismo estaba programada para el 4 de noviembre en la embajada de Panamá en La Habana, Cuba.

La noche del día 3 tomé el bus desde Camagüey para La Habana con el fin de asistir a la cita consular. A las 20 horas, unos 15 minutos después de iniciado el viaje, el bus fue detenido en el punto de control policial de la Carretera Central, a la salida de Camagüey, y agentes de la policía me obligaron a bajar del vehículo y recoger mi equipaje, violando así mi derecho constitucional a transitar por la vía pública. Nadie me explicó motivos del arresto, solo me dijeron que estaban cumpliendo una orden del puesto de mando general.

El bus continuó el viaje y a mí me revisaron el equipaje en ese sitio, y me ordenaron quitarme la ropa para revisión física. En ese punto de control estuve más de una hora. En cierto momento de distracción logré enviar un mensaje de aviso a Henry Constantín Ferreiro, periodista residente en Camagüey y director de la revista La Hora de Cuba, de la cual soy miembro del staff. Al lugar arribaron oficiales de la Seguridad del Estado vestidos de civil, y entonces fui esposada y conducida en una patrulla escoltada por dos autos más con oficiales de la Seguridad del Estado también vestidos de civil, de los cuales solía conocía a uno, que se hace llamar Frank y anteriormente me ha acosado policialmente a mí y mi familia por causa de mis relaciones de trabajo con los medios independientes. Me llevaron a la Tercera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, en el reparto de Montecarlo.

Tras largos rodeos y evasiones sobre los motivos de mi arresto procedieron a ocupar todos mis bienes personales de valor y mis documentos oficiales: 73 CUC en efectivo, tarjeta de crédito abierta en banco cubano, teléfono móvil con tarjeta SIM de Cubacel y accesorios, mi pasaporte, mi carné de identidad y el acta firmada donde consta que recibí 570 CUC por el organismo que me invita, como un fondo para los gastos durante mi estancia. También ocuparon los documentos oficiales para presentar en la cita de la embajada: carta de invitación, fotocopia de pasaporte completo, fotocopia de carné de identidad, estado de cuenta, y 4 fotos visa.

Después de un rato, el instructor decide devolverme algunos artículos como el dinero, la agenda y el teléfono, pero uno de los oficiales de la seguridad le dice que me tiene que ocupar el teléfono y la agenda. Ante la ausencia de un motivo, razón o explicación recogí mis cosas, las guardé en mi bolso y me abracé a él, negándome a dárselas. Procedieron entonces a quitármelas a la fuerza seis personas, cinco hombres y una mujer: el llamado Frank, la también oficial de la Seguridad del Estado Jessica, conocida por ser de las que supervisa el trabajo de los medios de prensa en la provincia, otro oficial que al parecer es el jefe de ellos, y tres agentes de la policía.

De este momento me quedan las peores lesiones: dolores musculares y arañazos. Durante el forcejeo me arrebataron el teléfono móvil y el acta de recibo del presupuesto.

De todo esto es testigo Henry Constantín Ferreiro, quien llegó a averiguar por mí, alrededor de las 23:30 horas, y fue detenido también en el salón de entrada de la unidad policial, desde donde se veía parte de la oficina donde me retenían.

Finalmente, el instructor policial presente, un primer teniente que tampoco se identificó, declaró que me estaban iniciando un proceso penal por los delitos de Desobediencia y Resistencia, con una medida cautelar con obligación contraída en acta de firmar todos los miércoles en la unidad provincial de los delitos contra la seguridad el estado. De no hacerlo se me aplicaría entonces una “medida detentiva”, mientras dure este proceso penal, que puede extenderse por 60 días y tengo prohibido salir de la provincia. El Instructor se negó a darme la notificación oficial sobre mi estado penal y la copia del acta de ocupación de mis bienes, a pesar de que se lo exigí.

El Código Penal cubano recoge como Desobediencia en su artículo 133: el funcionario público que no dé cumplimiento a resolución firme u orden dictada por tribunal o autoridad competente y revestida de las formalidades legales, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas.

En el mismo código aparece el delito de Resistencia marcado como el artículo 143.1, que dice: “El que ponga resistencia a una autoridad, funcionario público o sus agentes o auxiliares en el ejercicio de sus funciones, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas. Y en el apartado 143.1.2, agrega: "Si el hecho previsto en el apartado anterior se comete respecto a un funcionario público o sus agentes o auxiliares, o a un militar, en la oportunidad de cumplir sus deberes de captura a los delincuentes o custodiar a los delincuentes o custodiar a individuos privados de libertad, la sanción es de privación de libertad de dos a cinco años.”

No entiendo en qué momento cometí tales delitos. Nunca hubo una orden de arresto, una orden de ocupación, una notificación oficial sobre la medida que me fue aplicada, una copia del acta de ocupación con la relación de mis bienes que estos oficiales tienen en su poder, ni siquiera se identificaron. No siguieron ninguno de los pasos que establece la ley.

Sobre las 2 horas de la madrugada del día 4 de noviembre, después de 6 horas de arresto arbitrario y maltrato, se nos permitió a Henry Constantín y a mí abandonar la unidad policial.

 

 

 

 
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